Lo dice el Código Penal: en caso de delito cometido por personas físicas integradas en la estructura de una entidad jurídica, el ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN y la ALTA DIRECCIÓN podrán ser responsables del mismo si no han implantado “modelos de organización y control adecuados”.

El pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor un amplio número de grupos de delitos que entrañan, conforme a lo indicado en el artículo 31bis del Código Penal, RESPONSABILIDAD PENAL de la Persona Jurídica. En estos casos, la carga de la prueba correrá por cargo del imputado, que deberá demostrar que:

  1. se ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;
  2. la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;
  3. los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y
  4. no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.

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